El Comandante en Jefe del Ejército birmano afirma que “se está exagerando” el éxodo rohingya

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El Comandante en Jefe del Ejército birmano afirma que "se está exagerando" el éxodo rohingya

El general Min Aung Hlaing, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas birmanas, ha acusado hoy a la prensa de "exagerar" el éxodo rohingya que ya ha convertido en refugiadas a más de 520.000 personas de esta negada comunidad birmana.

En declaraciones escritas en su muro de Facebook, el general Hlaing ha defendido como "proporcionada" la respuesta militar, en la que miles de personas han sido asesinadas y casi 300 aldeas rohingya han sido incendiadas, y afirma que "es una exageración decir que el número de bengalíes que han huido a Bangladesh es muy grande".

La comunidad rohingya, calificada por Naypyidaw de inmigrantes bengalíes, está formada por 1,1 millones de personas en Birmania: teniendo en cuenta que hay 100.000 desplazados intentando escapar que se sumarían al medio millón ya en Bangladesh, se puede decir que la actual campaña militar ha expulsado a más de la mitad de la población rohingya.

El general ha culpado a la "instigación y propaganda" de la prensa de lo que a su juicio es un malentendido, horas después de que Naciones Unidas presentara un duro informe en Ginebra donde se describe la operación militar como una cuidada estrategia para "propagar el miedo y traumatizar" a toda una población y evitar así que nunca regrese a su país de origen.

Para la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la respuesta militar de Birmania a los ataques de una precaria guerrilla no fueron más que una excusa para poner en marcha una operación de limpieza étnica destinada a desembarazarse de la comunidad rohingya para siempre.

En un informe de 65 páginas presentado en Ginebra, basado en entrevistas con 65 refugiados llegados a Bangladesh a lo largo de septiembre, investigadores de la ONU concluyen que las "operaciones de limpieza" comenzaron antes de los ataques del grupo armado contra 30 puestos fronterizos birmanos. En el texto se explica que la mayor parte de las muertes registradas en la campaña militar se produjeron por disparos a corta distancia y a la espalda, cuando los civiles huían de la represión, y se incluyen testimonios tan horripilantes como el de una niña de 12 años del municipio de Rathedaung que se vio obligada a enterrar a su hermana pequeña. "Dispararon a mi hermana delante mía. Solo tenía siete años. Lloró y me dijo que corriese. Yo traté de protegerla, me ocupé de ella, pero no teníamos asistencia médica en la colina y sangraba tanto que un día después murió. La enterré yo misma".

La represión, que ya fue catalogada como "una limpieza étnica de manual", ha sido definida por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al Hussein, como "un cínico complot para el traslado forzoso de un enorme número de población sin posibilidad de retorno" en un reciente comunicado.

El objetivo de la campaña militar era "extender el miedo y el trauma" y para ello el Ejército birmano se sirvió de ataques "coordinados y sistemáticos", en los que fueron asistidos por vecinos budistas del estado de Rakhine, para evitar el regreso de los rohingyas a sus aldeas natales. A los asesinatos, las violaciones en grupo y las torturas de civiles, entre ellos niños y bebés, se suma el incendio de aldeas, ganado, campos, silos y cultivos: imágenes captadas mediante satélite indican que al menos 290 localidades han quedado reducidas a cenizas. Algunos de los entrevistados denunciaron que durante los ataques, la megafonía de los vehículos militares repetía un mensaje. "No pertenecéis a esta tierra. Marchaos a Bangladesh. Si no os vais, quemaremos vuestras casas y os mataremos".

"La información recibida indica que días, incluso un mes antes del 25 de agosto [fecha de la operación insurgente contra posiciones militares birmanas], las Fuerzas de Seguridad impusieron nuevas restricciones al acceso a mercados, clínicas, escuelas y centros religiosos", explicó Karin Friedrich, parte del equipo de la ONU desplazado a Bangladesh, en una rueda de prensa. "Varones rohingya de entre 15 y 40 años fueron presuntamente arrestados por la Policía" sin cargos.

Según el informe, el Ejército birmano se ha esforzado por "borrar de forma eficaz cualquier signo de lugares remarcables" en las zonas rohingya para modificar físicamente el paisaje, de forma que pueda ser repoblado por los birmanos budistas. El general Min Aung Hleing, líder de las Fuerzas Armadas y máximo responsable de la limpieza étnica de los rohingya, ya sugirió la necesidad de cambiar la composición étnica de los tres municipios rohingya de Rakhine a mediados de septiembre. "Es importante tener a nuestro pueblo en esta región. Para controlar esta región es necesario tener aquí a nuestras razas nacionales", aseguró el uniformado en una visita a sus tropas. "A una raza no se la puede tragar la tierra sino otra raza", añadió, antes de pedir el regreso de todas las "razas nacionales" a sus enclaves para que éstos sean "rehabilitados". Los rohingya no están incluidos entre las 135 razas nacionales que componen la compleja Birmania, controlada por una Junta militar desde 1962. Actualmente, los militares comparten el poder con Suu Kyi, elegida en las elecciones democráticas del pasado año.

Siguen huyendo

Se estima que 520.000 rohingya han escapado de Birmania desde el 25 de agosto, a un ritmo que no termina de crecer. Sólo el pasado lunes, 11.000 personas cruzaron hacia Bangladesh a través de diversos puntos fronterizos, en un nuevo repunte del tráfico después de que la semana anterior se registraran unas 2.000 entradas por día. Según el portavoz de la Agencia de la ONU para los Refugiados, Adrian Edwards, "hemos vuelto a una situación de alerta máxima en lo que se refiere al flujo de refugiados. Sigue siendo una situación susceptible de empeorar".

Los recién llegados denunciaron que al menos otros 5.000 esperaban al otro lado de la frontera una ocasión para cruzar. "Parece claro que la violencia, la expulsión y el desplazamiento forzoso siguen a cierto nivel", evaluaba Sanghera desde Ginebra. Según las ONG, muchos huyen de la inanición, dado que la destrucción de las aldeas y el cierre de sus municipios a la ayuda humanitaria está condenando a la población a morir de hambre. En los últimos días, convoyes de la Cruz Roja -la única institución autorizada para socorrer los municipios afectados- han sido atacados por budistas, que acusan a los cooperantes de proteger a los rohingya.

El propio Gobierno birmano, que asegura que la operación militar terminó a principios de septiembre, ha admitido que decenas de miles de rohingya se preparan para escapar por inseguridad alimenticia. Algunos aldeanos de Rakhine consultados por Reuters por teléfono han asegurado que los almacenes de comida están exhaustos, las cosechas no están aún listas y las restricciones impuestas por los uniformados les impide acceder a los mercados. "Vamos a peor. No hay comida ni seguridad", explicaba un residente del distrito de Buthidaung, según el cual muchos vecinos estaban huyendo de la carestía. "Aumentan las pruebas de que las mujeres, niños y hombres rohingya huyen también de la amenaza muy real de muerte por inanición", ha denunciado Amnistía Internacional.

Retorno incierto

En una entrevista concedida a Asia Nikkei, el ministro de Asuntos Sociales birmano, Win Myat Aye, ha reiterado que Birmania está dispuesta a iniciar la repatriación de los refugiados en Bangladesh a partir del mes próximo, siguiendo el proceso de verificación creado en 1992. "Todos los que quieran regresar y puedan ser confirmados como antiguos residentes serán aceptados", afirmó el ministro, en lo que las ONG aprecian un nuevo ejercicio de cinismo: las autoridades birmanas no consideran a los rohingya como ciudadanos desde 1982, por lo cual carecen de documentación. Se teme que, en el caso de aquellos que sí tuvieran algún tipo de documentos, los hayan perdido en los incendios provocados durante la represión, de la cual los rohingya huyeron con lo puesto.

Incluso aunque se permitiera el regreso, los plazos que maneja el ministro resultan sorprendentes: estima que podría organizarse el retorno de un centenar de personas por día, una vez que se alcance un acuerdo con Bangladesh, lo que implica que sería necesaria una década para reacomodar a toda la población huída sólo en esta campaña militar birmana.

Jyoti Sanguera, responsable de ACNUR para Asia y Pacífico, instó a la premio Nobel y dirigente civil birmana Aung San Suu Kyi a "cesar la violencia" y expresó su preocupación por un eventual internamiento de los refugiados si se les permite regresar a su país. "Si las aldeas han sido completamente destruidas y las formas de vida aniquiladas, sólo nos queda sospechar que serán encarcelados o detenidos en campos", aseguró. Tras la violencia intercomunitaria de 2012, unos 140.000 rohingya fueron internados de forma forzada en campos de desplazados en Sittwe, capital de Rakhine.

"Catástrofe regional"

La OIM estima que hay 100.000 rohingya desplazados por la violencia en Birmania intentando cruzar a Bangladesh, donde ya residían otro medio millón de refugiados provenientes de ataques anteriores. Los naufragios de barcazas son tristemente frecuentes: el domingo, una treintena de personas murieron ahogadas tras volcar el barco donde huían. Al menos 18 eran menores de edad.

El ministro de Exteriores de Bangladesh, Mahmood Ali, ha calificado la situación como una "catástrofe regional". "Esto no es un problema bilateral entre Bangladesh y Birmania", ha apuntado. "Incluso la presión internacional falla a la hora de impedir que los militares birmanos implanten su plan de despoblación rohingya", ha añadido.

La Unión Europea está estudiando suspender contactos con el liderazgo militar e incluso implantar sanciones contra los máximos responsables del Ejército birmano, entre ellos el general Hlaing, en un primer y tímido paso para incrementar la presión contra el Gobierno de Naypyidaw en respuesta a dos meses de limpieza étnica. En una reunión a nivel ministerial que tendrá lugar el próximo lunes, los 28 países miembros discutirán la medida como un paso previo a nuevas sanciones contra Birmania, que podrían ser adoptadas en coordinación con Washington, en el caso de que no se ponga fin a la limpieza étnica. Según altos oficiales norteamericanos citados por Reuters, Washington estudia sanciones puntuales que podrían congelar los bienes de varios responsables militares, entre ellos el general Hlaing, así como a los líderes de las milicias budistas de Rakhine. También sopesa prohibirles viajar a Estados Unidos e impedirles interactuar con empresarios norteamericanos.

En otro orden de cosas, la ONU ha comunicado el relevo de su máxima responsable en Birmania, Renata Lok-Dessallien, quien según una investigación de la BBC habría impedido a sus empleados denunciar la situación de los rohingya para no molestar a las autoridades birmanas, invisibilizando una limpieza étnica prevista por muchos trabajadores de Naciones Unidas en el país asiático.

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FUENTE: El Mundo

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