Regreso al FMI, con no pocas dudas…

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La conducción del FMI aprobó el préstamo para nuestro país, y surgen inevitables interrogantes sobre el potencial cumplimiento de las metas previstas en el Memorándum de Políticas Económicas y Financieras que lo sustenta.

El núcleo del programa es alcanzar un déficit fiscal primario de 2,7% del PIB este año, y reducirlo a 1,3% del PIB en 2019. Los pilares para ese ajuste son una baja en los subsidios a energía y transporte, gasto en obra Pública, transferencias discrecionales a provincias y reducción de personal en la Administración pública. A su vez, los pasos institucionales más relevantes en este año y el próximo son cuatro.

Presentación del proyecto de Ley de Presupuesto 2019 al Congreso Nacional en octubre próximo.

Presentación al Congreso en marzo del año próximo del proyecto de ley de reforma a la carta orgánica del BCRA.

Limitar hacia fines de septiembre de 2019 las contrapartes del BCRA para operaciones de mercado abierto, ventas de Lebac y pases a bancos nacionales

Recapitalizar el BCRA a partir de diciembre de 2019.

Si bien su cumplimiento es gradual y a partir de octubre próximo, una real aceleración del gradualismo, como el que menciona hasta el propio Presidente, hubiera sido coherente al menos con la puesta en vigencia de las medidas, 2), 3) y 4) en los próximos 30-60 días.

Para 2018, el Gobierno proyectó un crecimiento del PIB entre 0,4% y 1,4%, y “alrededor de 2%” para 2019, y una inflación presentada como “meta” de hasta 27% para este año, 17% el año próximo, 13% en 2020 y 9% en 2021. Los anexos prevén bandas de inflación admisibles: entre 22% y 32% interanual a diciembre de este año, entre 20% y 28% en marzo próximo y entre 18% y 26% a junio de 2019.

El cumplimiento de las metas fiscales parece sostenerse con una inflación sobre el límite superior de esa banda. Para el gasto en transferencias, se fija un piso de gasto en asistencia social de 1,3% del PIB para 2019-20, más un refuerzo (en caso de que empeoren las condiciones económicas) de $13.500 millones para este año y 0,2% del PIB para 2019 y 2020. En cuanto a los atrasos con proveedores, se prevé un techo promedio trimestral de 0,5% del PIB ($ 67.500 millones a fin de 2018), pero las metas son de $ 21.600 millones a fin de año, $27.100 en marzo próximo y $39.700 millones a fin de junio de 2019. En caso de que un deterioro del crecimiento afecte a la recaudación tributaria, se prevén cortes adicionales de gasto en infraestructura por hasta 0,2% del PIB para cumplir con las metas.

El régimen cambiario previsto es flotación “sucia”, presentada como “tipo de cambio flexible y determinado por el mercado”, con ventas de reservas en “períodos en que haya una clara disfunción del mercado”. En cuanto a la normativa de subastas de moneda extranjera para la intervención del BCRA en mercados de contado y a término, en página en la Tabla 3 de página 19 se prevé su publicación a partir de 18 de junio (lo que ya se ha cumplido), pero en página 14 se habla de fines de septiembre de este año. Por otro lado, Se proyecta una reducción hasta junio de 2019 de la exposición a contratos de futuros a razón de U$S 500 millones, y de crédito del BCRA al Tesoro por $78.000 millones por trimestre.

El núcleo es el ajuste del déficit primario. En 2017 fue de $404.142 millones, y para 2016 se comprometió una meta de $ 362.500 millones. La meta fiscal podría sobrecumplirse este año, pero la de 2019, asumiendo un crecimiento de PIB nominal de aproximadamente 19%, supone un déficit primario de $154.800 millones. O sea, la carga “dura” del ajuste llegará el año próximo, de elecciones presidenciales. De una reducción del déficit primario de algo más de $ 41.600 millones en este año se pasa a una meta de reducción del rojo primario de $154.800 millones para 2019. Un esfuerzo cuya carga recaería sobre empleados públicos nacionales y provinciales, contratistas y proveedores del Estado, y usuarios de servicios de energía y transporte. Como la meta está en términos del PIB real, a mayor inflación mayor el déficit admisible en términos absolutos, y por tanto menor esfuerzo fiscal. Ergo, ¿habrá real baja del déficit, de su monetización y de la inflación en un año electoral?

La meta de inflación, a su vez, no parece tener en cuenta el impacto del ajuste de tarifas que supone el recorte de subsidios a las empresas de energía. Ya a fin de mayo, con el dólar a $25, se preveía para el próximo semestre una suba de 40% para electricidad y 60% para gas, pero ¿cuál será el tarifazo final si el dólar se mantiene en $28 o en cotizaciones superiores?

Si la suba del dólar se traslada a precios en el próximo semestre, y se torna inevitable la renegociación de salarios ¿qué se viene para las paritarias del primer semestre del año próximo? ¿Podría pensarse realmente en una desaceleración de la inflación en presencia de nuevos tarifazos? Además, la tasa de interés de corto plazo se mantiene como instrumento de política monetaria, pero siempre ha sido más efectiva para encarecer el crédito y desviar recursos hacia el “carry trade” con Lebac, que para reducir la inflación. Ergo, sin límites claramente definidos para la emisión monetaria, ¿no se mantiene sin cambios entonces la inconsistencia básica de altas tasas de interés nominales, emisión de dinero primario a más de 20% anual y atraso del tipo de cambio real? Con estas condiciones, y además con flotación sucia, cuesta pensar en una contundente baja de la inflación en los próximos 6-9 meses. Esto podría exigir quizá una recesión más aguda, pero la destrucción de puestos de trabajos y el empeoramiento del clima político incentivaría no sólo una corrida contra la moneda local, sino contra la deuda pública y los depósitos bancarios.

Ahora se inicia una nueva etapa con un programa ambicioso, pero de cumplimiento incierto. Su éxito exige estabilidad y crecimiento sostenido, algo por ahora incierto, y cuya factibilidad genera no pocos interrogantes sin respuestas unánimes ni tampoco definitivas.

FUENTE: El Economista

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