Se sospecha que el Polo Obrero utilizó “facturación apócrifa” y simuló “gastos no concretados” para “disfrazar el verdadero uso de una parte importante de los fondos”.
El juez federal Sebastián Casanello ordenó la indagatoria del dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, en la causa donde se investiga el dinero que se quedaban los líderes piqueteros que funcionaban como intermediarios de las transferencias que se enviaban desde el Gobierno Nacional a los comedores sociales.
El magistrado llamó a Belliboni para el próximo 25 de junio para que declare en el marco de la causa que investiga los manejos irregulares en comedores escolares, denuncia que fue impulsada por el propio gobierno de Javier Milei tras una auditoría sobre los recursos destinados a estos centros de asistencia.
Belliboni, líder máximo del Polo Obrero y de la Unidad Piquetera, ha estado en conflicto con el Gobierno libertario por el manejo de los planes sociales y últimamente ha tenido varios encontronazos con el Ministerio de Seguridad por las violentas protestas que organiza.
Como en otras áreas del Estado, el Gobierno realizó una auditoría sobre el manejo de los fondos. En mayo presentó una denuncia penal contra lo que llamó los “1200 comedores fantasma“, establecimientos que recibían recursos para operar como comedores pero o no existían o no funcionaban como tales.
Según la denuncia, todos estos comedores habían sido anotados por las organizaciones piqueteras de Belliboni, Emilio Pérsico o Juan Grabois, quienes recibían la plata todos los meses y se la quedaban para usufructo propio.
Según Capital Humano, la investigación que hizo el RENACOM (Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios de Organizaciones de la Sociedad Civil) determinó que entre el 7 de febrero y el 26 de abril se relevó un total de 2646 espacios, de los cuales 1247 no pudieron ser validados como comedores o merenderos.
En lo que respecta a la causa en la que se llamó a indagatoria a Belliboni, el expediente se abrió por denuncias de beneficiarios del Potenciar Trabajo que aseguraban ser obligados a ir a las marchas para conservar sus planes, de la misma manera que les habrían cobrado un porcentaje de sus ingresos para solventar los gastos de la organización.
A partir de esa denuncia, se realizaron allanamientos a domicilios particulares y se sumaron testimonios de personas a la línea 134, creada por la actual administración para denunciar extorsiones de dirigentes sociales o sindicales. Las mismas habrían aportado chats extorsivos de parte de personas en situación de vulnerabilidad.
En concreto, se sospecha de que el Polo Obrero utilizó “facturación apócrifa” y simuló “gastos no concretados” para “disfrazar el verdadero uso de una parte importante de los fondos”. En la hipótesis del juez, “lo público se confundió con lo privado al financiar actividad partidaria“.
Fuente: Derecha Diario
