La comunidad mapuche Lof Paillako, liderada por Ernesto Cruz Cárdenas, agotó sus opciones legales para evitar el desalojo del Parque Nacional Los Alerces.
El juez federal de Esquel, Guido Otranto, retomó el caso y avanzará con la restitución de las tierras a la Administración de Parques Nacionales.
Una disputa que llega a su fin
En 2020, Cruz Cárdenas encabezó una ocupación violenta en la seccional de guardaparques El Maitenal y otras áreas del parque. Allí construyeron viviendas y galpones sin autorización.
Durante la gestión anterior, Parques Nacionales buscó «soluciones alternativas». Sin embargo, con la llegada de Cristian Larsen a la presidencia del organismo, la postura cambió.
Larsen prometió no tolerar usurpaciones. En redes sociales, dejó claro su enfoque con mensajes como: “Cruz Cárdenas, se te acabó la joda”. Desde entonces, se iniciaron trámites administrativos y judiciales para desalojar a los ocupantes.
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Fallos en contra
La comunidad presentó diversos recursos legales, alegando la preexistencia mapuche en las tierras. Todos fueron rechazados, incluido el más reciente ante la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia. La resolución final habilita a Otranto a planificar el desalojo en los próximos días.
Parques Nacionales, como querellante, realizará un relevamiento del predio para determinar cuántas personas residen allí, incluyendo detalles sobre viviendas y presencia de menores. Este informe será clave para ejecutar el desalojo, que podría concretarse en un plazo no mayor a 15 días.
Acusaciones cruzadas
La disputa se ha intensificado con acusaciones entre ambas partes. Larsen y el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, culpan a Cruz Cárdenas por incendios forestales que devastaron más de 6.000 hectáreas en el último verano. Por su parte, el dirigente mapuche denunció a Larsen por “racista” y “antimapuche”.
Larsen celebró el fallo judicial: “Es el fin de una etapa de maniobras legales. El desalojo será antes de fin de año. Estamos cerrando un capítulo de injusticia y abriendo uno donde la ley se respeta”.
Un desalojo con impacto
La inminente restitución del predio marca un precedente en la gestión de conflictos territoriales. Para el Gobierno, representa un avance hacia el cumplimiento de la ley y la preservación de los espacios protegidos.
Sin embargo, la comunidad Lof Paillako asegura que continuará defendiendo su “derecho” a las tierras, anticipando que el conflicto podría no terminar con el desalojo.
Fuente: Derecha Diario
