Lo habilitó la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal, a cargo de los jueces Bertuzzi, Llorens, Bruglia y Juan. Las denuncias del oficialismo son contra el Polo Obrero, Movimientos Barrios de Pie y el Frente de Organizaciones en Lucha.
El Gobierno de Javier Milei redobló este lunes la presión sobre las organizaciones sociales que están encabezando los reclamos por falta de alimentos y por el duro efecto de la crisis económica en los sectores más vulnerables.
El Ejecutivo informó que ordenó 27 allanamientos contra locales de Polo Obrero, Movimientos Barrios de Pie y Frente de Organizaciones en Lucha, amparados en la autorización que emitió la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal.
Según las denuncias del Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, dirigentes de estas organizaciones extorsionaron a beneficiarios de planes sociales para salir a marchar contra las políticas sociales, el argumento que la ex líder macrista suele esgrimir para explicar la creciente movilización opositora en las calles.
LA EXTORSIÓN TIENE CONSECUENCIAS
Esta es la primera vez en la historia en donde se allanan a las organizaciones —entre ellos, Jeremías Canteros, integrante de la mesa nacional del Polo Obrero— que extorsionaban a las personas para ir a las marchas.
Todo esto es información que… pic.twitter.com/4uxO5Yv8x8— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) May 13, 2024
Desde que asumió, el Gobierno de Milei enfrenta protestas sociales en las calles por el masivo ajuste que impuso en el gasto público, que impactó de lleno en partidas sociales, como el envío de alimentos a comedores populares.
Mientras el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, esquivó en principio los reclamos y esgrimió problemas administrativos, desde el ministerio de Bullrich eligieron responder creando una línea, la 134, para que los beneficiarios de planes sociales puedan denunciar presuntos aprietes desde las organizaciones sociales para que se sumen a las manifestaciones que convocaban.
Según informó el Gobierno este lunes, los dirigentes sociales investigados «habrían exigido coactivamente a los beneficiarios de planes sociales su participación en marchas y manifestaciones públicas y/o la entrega de una porción del dinero, bajo la advertencia expresa en algunos casos de ‘dar de baja el plan’, conformando un total de 924 casos”, una cifra pequeña para el universo total que no prueba el «problema estructural» que denuncia sistemáticamente Bullrich y el resto del oficialismo.
El Ejecutivo también informó que, junto a los allanamientos, «el Tribunal ordenó el secuestro de los dispositivos electrónicos que les pertenecen a los imputados, ya que la mayoría de coacciones y extorsiones se realizaban por esos medios, así como también planillas o cuadernos de asistencia o de registro de pagos; documentación vinculada a planes sociales, al funcionamiento de cada Unidad de Certificación o con personas jurídicas que funcionen como cooperativas o asociaciones civiles; comprobantes de pago de cápitas, cuotas, alquileres o mercadería; tarjetas bancarias o comprobantes de extracción de dinero en efectivo.»
Pese a que en primera instancia se había negado el pedido de allanamientos, la Sala 1 de la Cámara Criminal y Correccional Federal -a cargo de los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Ana María Cristina Juan- los habilitó el viernes pasado.
Fuente: Conclusión
