Enloqueció el “enano soviético”: Kicillof quiere reinstalar en la Provincia de Buenos Aires la tan dañina “Ley de Góndolas”

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El gobernador ultra kirchnerista de la Provincia de Buenos Aires quiere reinstalar una ley que demostró ser un rotundo fracaso, resultando en mayor inflación y desabastecimiento en las góndolas.

 

En diciembre de 2020, el gobierno kirchnerista de Alberto Fernández reglamentó la Ley de Góndolas (Ley 27.545). Esta normativa establecía un máximo del 30% del espacio de venta, físico o virtual, para una categoría de producto por proveedor.

Además, exigía que hubiera al menos cinco proveedores de distintos grupos empresarios, que las micro y pequeñas empresas contaran con al menos un 25% del espacio de venta por cada categoría de productos y que las cooperativas, mutuales, empresas de la agricultura familiar y economía popular tuvieran al menos un 5% de espacio.

La implementación de la Ley de Góndolas resultó ser un absoluto fracaso, provocando mayor inflación y desabastecimiento en los supermercados. Ahora, el gobernador krichnerista de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, busca reinstalar esta ley a nivel provincial, luego de que el presidente Javier Milei la derogara por decreto en diciembre.

El proyecto propuesto por Kicillof juega con la ilusión de que los precios pueden ser controlados mediante regulaciones burocráticas. Sin embargo, esta ley es inaplicable. En el pasado, los sectores productivos supuestamente beneficiados nunca calificaron para ofrecer sus productos en góndola, lo que acarrea una imposibilidad de aplicación y cumplimiento para PyMEs y emprendimientos de la economía popular.

El nuevo plan, denominado “Fomentar la Competencia en Góndolas Bonaerenses”, tiene como objetivo principal la “promoción y fortalecimiento de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) de la provincia de Buenos Aires”. Este plan, según Kicillof, busca “potenciar el crecimiento” de estas empresas y proporcionar un marco normativo que garantice la venta de productos regionales mediante un sistema “equitativo de comercialización“.

El texto del plan, que ahora comenzará a discutirse en la Legislatura bonaerense, destaca la necesidad de enfrentar un contexto de “concentración oligopólica“. La normativa propuesta abarcará establecimientos dedicados a la comercialización mayorista y/o minorista de alimentos, bebidas, productos de higiene personal y de limpieza del hogar.

Este marco regulatorio aplicará a establecimientos que pertenezcan a una cadena comercial o que cuenten con una superficie destinada a la comercialización mayor a 300 m² y/o que tengan dos o más líneas de cajas.

El mismo gobierno kirchnerista que promovió la norma nunca la puso en práctica ni recibió la adhesión de las provincias para que fuera una política de alcance federal. La ley de góndolas fue imposible de controlar por los gobiernos provinciales, y resulta inimaginable que los municipios, con sus limitadas estructuras, puedan hacerlo.

Además, esta normativa obstaculiza las relaciones comerciales entre ciudadanos y promueve un rol persecutorio del Estado. Desalienta el libre comercio al advertir sobre sanciones a los actores en la cadena de comercialización. Este enfoque no solo es contraproducente, sino que también genera un clima de inseguridad e incertidumbre entre los comerciantes y productores.

A comienzos de la administración de Milei, el DNU 70/2023 derogó la Ley de Góndolas, de Abastecimiento y el Observatorio de Precios ya que obstaculizaban las relaciones comerciales entre ciudadanos, promovían un rol persecutorio del Estado y no generaban ningún tipo de beneficio. Esta medida permitió que los supermercados pudieran decidir libremente qué mercadería exhibir, a qué precio y en qué lugar ubicarla. Como resultado, los precios de los productos han bajado en términos reales, demostrando que la libertad de mercado es más efectiva para regular precios que las intervenciones estatales forzadas.

Reinstalar la Ley de Góndolas en la provincia de Buenos Aires es un paso atrás en la búsqueda de una economía más libre y eficiente. La experiencia pasada demuestra que esta ley no solo es inaplicable, sino que también genera desabastecimiento e inflación. El gobierno de Kicillof, gran defensor de la intervención estatal en la economía, vuelve a recurrir a regulaciones ineficaces y perjudiciales para el pueblo argentino.

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Derecha Diario

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