La Justicia investiga a más de 80 dirigentes sociales por más de 40 causas de extorsión contra manifestantes para que marchen

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El juez federal de Quilmes, Luis Armella, inició 44 expedientes que mencionan a alrededor de 80 líderes sociales y piqueteros. Además de la organización encabezada por Emilio Pérsico, se hace referencia, entre otras, a Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa, Libres del Sur y el Movimiento Teresa Rodríguez.

 

La investigación judicial contra dirigentes sociales y piqueteros por “extorsión” y “facturas falsas“, que comenzó en el juzgado federal de Sebastián Casanello y en la fiscalía de Sergio Pollicita, tiene una derivación de gran relevancia en el juzgado federal de Quilmes a cargo de Luis Armella.

Este último está investigando a más de 80 responsables y referentes de merenderos, comedores y cooperativas de trabajo a través de 44 expedientes. Estos líderes utilizaban la misma metodología para presionar a los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo, obligándolos a asistir a marchas, concentraciones, campañas políticas y actos en estadios y espacios públicos donde debían apoyar a los candidatos a gobernador y presidente de la nación de Unión por la Patria.

La mayoría de las organizaciones investigadas forman parte de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), destacándose el Movimiento Evita, liderado por Emilio Pérsico; Barrios de Pie, encabezado por Daniel Menéndez; y la Corriente Clasista y Combativa, dirigida por Juan Carlos Alderete.

Pérsico estaba en una posición dual, siendo también el titular de la Secretaría de Economía Social, bajo la órbita del ex Ministerio de Desarrollo Social, utilizado por el kirchnerismo para mantener los “curros” que hoy en día están saliendo a la luz. Menéndez, que ocupaba un cargo en la misma entidad, actualmente es Subsecretario de Economía Popular en el gobierno de Axel Kicillof.

Además, se están investigando organizaciones piqueteras de izquierda como el Polo Obrero, dirigido por Eduardo Belliboni; Libres del Sur, liderado por Silvia Saravia; el Frente de Trabajadores Combativos (FTC); y el Movimiento Teresa Rodríguez (MTE).

En mayo, el juzgado de Armella recibió dos expedientes en los que Casanello se declaró incompetente, ya que las llamadas al 134, el número habilitado por el Ministerio de Seguridad de la Nación para denuncias sobre presiones a beneficiarios de planes sociales, provenían de domicilios en localidades bonaerenses como Berazategui, Florencio Varela, Quilmes y Avellaneda. Estas áreas correspondían a la jurisdicción del Juzgado Federal de Quilmes.

Por razones prácticas, el juez y su secretario, Diego Quiroga, dividieron los dos casos en 44 expedientes, agrupándolos según movimientos sociales, agrupaciones políticas, piqueteras, etc. Las diligencias judiciales y las investigaciones en el terreno son realizadas por la Prefectura Naval Argentina, una de las fuerzas federales que responden a la ministra Patricia Bullrich. Los agentes son responsables de verificar cada uno de los datos denunciados en las llamadas telefónicas al 134.

Según fuentes judiciales, “la mayoría de las declaraciones de las personas que denunciaron ser extorsionadas y presionadas fueron corroboradas de manera fehaciente“.

Aunque la instrucción lleva poco más de un mes, la investigación “está muy avanzada“. En estos momentos, se siguen verificando direcciones e identidades de los dirigentes sociales mencionados en las denuncias telefónicas.

Los lugares ya corroborados complican a las organizaciones que concentran gran parte de sus actividades en la zona sur del conurbano bonaerense, como el Movimiento Evita, Barrios de Pie, la CCC y el Polo Obrero, entre los movimientos más relevantes.

Las diligencias de Armella también determinaron que algunos comedores que recibían alimentos no existen, fueron cerrados o las direcciones eran falsas.

Las denuncias más destacadas incluyen amenazas como “te vamos a sacar el plan” por no asistir a las marchas o concentraciones; advertencias porque “estás llevando poca gente“; o acusaciones de que “hace mucho que no van” o “hace mucho que no se movilizan“.

También se denunció que, en lugar de asistir a la cooperativa de trabajo o al comedor, lugares que funcionaban como Unidades de Gestión del Potenciar Trabajo, los beneficiarios debían asistir a una actividad partidaria o piquetera, donde se pasaba lista. A los tres ausentes se les tramitaba la baja del plan ante la Secretaría de Economía Social, a cargo de Pérsico. Otras víctimas directamente señalaron que los referentes sociales les quitaron el plan o los amenazaron con hacerlo.

Me llamaron de mi organización y me dijeron que hace mucho que no movilizamos y que por eso me daban de baja al Potenciar“, se lee en una de las transcripciones asentadas en el expediente. Otros recibían el lapidario mensaje de “te quedaste afuera” o “te vas a quedar afuera la próxima vez que faltes a la marcha“. También hay referencias a exigencias como repartir volantes a favor de los candidatos kirchneristas de Unión por la Patria.

Los investigadores a cargo de Armella esperan terminar de reunir la información de campo para ordenar intervenciones telefónicas y, posteriormente, los allanamientos. Por esta razón, de momento se reservan los nombres de los dirigentes mencionados.

Así como en las causas que tramitan en el fuero federal porteño, donde una gran mayoría de dirigentes están vinculados al Polo Obrero, en el juzgado federal de Quilmes el mayor peso de las denuncias parece recaer en movimientos sociales peronistas como el Movimiento Evita.

La línea 134, habilitada por el Gobierno a través de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ya ha reportado más de 170,000 llamadas realizadas contra organizaciones sociales y algunos sindicatos a lo largo del país. Las denuncias provienen de las personas más vulnerables que recibían un plan social por parte del Estado y que, según informaron, eran extorsionadas y amenazadas. Los juzgados que investigan estas maniobras delictivas están llenos de nombres y apellidos, afiliaciones a organizaciones, videos, capturas de pantalla y correos de voz.

En todos estos casos, la recopilación de datos, antes de ser aportados a los tribunales, fue realizada por funcionarios de los ministerios de Seguridad y de Capital Humano. Este último está a cargo de Sandra Pettovello, quien ayer denunció un hecho de “intimidación” ya que intentaron ingresar por la fuerza a su propiedad, ubicada en un barrio cerrado de la zona oeste del conurbano bonaerense.

 

 

 

Fuente: Derecha Diario

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