La «versión oficial» sobre la desaparición de los 43 estudiantes del municipio de Ayotzinapa, defendida por el gobierno del expresidente mexicano Enrique Peña Nieto (2012-2018), sufrió un nuevo revés el pasado 7 de enero. Ese día, una Corte de Arizona publicó una sentencia que rechaza dicha versión al acusar directamente al gobierno de México de «torturar» a algunos testigos, además de «crear y plantar» evidencias en la escena del crimen «con el fin de sustentar la falsa ‘verdad histórica’».
La sentencia de la juez Molly S. Frazer es un varapalo para las instituciones del gobierno mexicano, ya que señala que el ejército y la policía federal participaron activamente en la desaparición de los estudiantes. Los jóvenes, quienes estudiaban en Ayotzinapa, desaparecieron la noche del 26 de septiembre de 2014 en las proximidades de Iguala, ciudad del estado de Guerrero, al sur de México.
Ha tardado cuatro años la corte de Arizona en emitir está sentencia que sirve para resolver una solicitud de asilo político en Estados Unidos que fue realizada por un testigo clave del caso. El contenido de la resolución judicial, de 24 páginas, fue dado a conocer por la periodista Anabel Hernández, quién en 2016 publicó el libro «La verdadera noche de Iguala. La historia que el gobierno trató de ocultar». Esta obra desmenuza este crimen ocurrido hace cinco años y que todavía no ha sido resuelto.
La versión oficial
Según la «versión oficial», un grupo de policías arrestó a los jóvenes en Iguala y los entregó a una organización delictiva llamada Guerreros Unidos para que se deshicieran de ellos. Luego, este grupo supuestamente los quemó en un vertedero ubicado en el pueblo de Cocula. Esta versión se basa en el testimonio de más de cien personas. Sin embargo, 77 de las 142 personas que fueron detenidas por el caso han sido liberadas debido a irregularidades cometidas por la Fiscalía mexicana. Entre estas irregularidades se incluyen torturas a los testigos y pruebas que resultaron ser inconsistentes.
Varias ONGs y los familiares de los estudiantes han realizado pruebas que contradicen el resultado del relato oficial. Entre otras investigaciones, un equipo internacional de expertos forenses concluyó que los jóvenes no fueron calcinados en el basurero.
Con el objetivo de esclarecer este crimen, Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México ordenó a inicios de febrero a las autoridades que reinicien la investigación sobre qué ocurrió aquella noche de 2014. En México se estima que oficialmente hay 60.000 personas desaparecidas, pero varias ONGs consideran que la cifra real podría ser superior a las 300.000 ya que muchos familiares no suelen denunciar este crimen por miedo a sufrir represalias por parte de los criminales.
Fuente: ABC
